Las recién aprobadas reformas al Código Penal del Estado, que modificaron la despenalización de la interrupción del embarazo de las 12 a las 6 semanas de gestación, aún no son aplicables dado que el decreto en cuestión no ha sido promulgado por el Poder Ejecutivo, aclara la diputada Sanjuana Martínez Meléndez, quien prevé que esto podría no ocurrir al corto plazo, dado que al involucrarse mandatos de la Suprema Corte, antes de publicarse las nuevas deposiciones, las mismas deberán analizarse para garantizar que no sean violatorios a los derechos humanos.

“Ustedes saben de dónde viene, ya con una sentencia de origen tiene un proceso diferente y entonces hay que llegar al análisis y les digo de manera oportuna, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Supremo Tribunal será quien definirá el de manera ya contundente”.

La diputada presidenta de la Comisión de Equidad de Género reitera su oposición a los cambios legales, y destaca que toda acción legal en contra de los mismos solamente podrá formalizarse hasta que la reforma entre en vigor.

“Esperemos que no sea tanto pues la Suprema Corte de Justicia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos serán fundamentales para que esta decisión que se tomó pues siga o detenga su curso”.