«Aguascalientes necesita un modelo de operación del servicio de agua potable que garantice el abasto, la calidad del recurso natural y tarifas justas, cuyo documento rector sea claro, transparente y sin cláusulas leoninas. Se requiere un nuevo título de concesión, en el que ya no se permitan parches, ni remiendos tendientes a favorecer a la empresa concesionaria», señaló el Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes (CEEA).
Por lo que dijo, las autoridades correspondientes tendrán que apurarse en la toma de decisiones en la atención exclusiva a las necesidades de la población, quien deberá pagar por el servicio un precio justo.
Antonio Robledo Sánchez, presidente del CEEA, señaló que se deben emprender acciones para proteger a los usuarios del servicio partiendo del derecho constitucional al agua, pero conscientes de que se debe pagar un precio justo para llevarla a las tomas domiciliarias, labor que bien podría recaer en empresas de capital mexicano.
«Se requieren acciones para proteger al usuario, el agua es nuestra, pero alguien tiene hacerse cargo del suministro y eso cuesta, pero el precio debe ser justo para que todos ganen: la empresa y la sociedad», agregó el empresario.
Consideró que el esquema de concesión es una opción viable para garantizar el suministro del agua potable y la aplicación de tarifas justas siempre y cuando el título de concesión se renueve por completo.
Sostuvo que es preciso un nuevo documento cuyas cláusulas atiendan las necesidades de los usuarios y de Aguascalientes, que no esté amañado para cargarse a favor del concesionario, pues se necesita un esquema en el que todos se vean beneficiados: Los ciudadanos, la empresa y el municipio.
«Sin embargo ya no hay tiempo, la decisión se debe tomar cuanto antes, a la de ya, porque Veolia se va en octubre y Aguascalientes no puede quedarse sin el servicio».