Aprueba el Congreso de Aguascalientes, reformas al Código Penal del Estado a fin de elevar penas a quien ejecute sabotaje a infraestructura pública, de manera que en caso de dañar, destruir o afectar infraestructura de agua potable, alcantarillado, alumbrado y edificios públicos en general, se sancionarán con 3 a 8 años de prisión.

La propuesta fue remitida por la titular del Poder Ejecutivo del Estado, Teresa Jiménez Esquivel, el pasado 25 de octubre y contempla además, sancionar “afectaciones a bienes con valor científico o histórico”, e inclusive contempla castigar actos que frenen la función de dependencias y organismos públicos.

La propuesta fue avalada por las fracciones parlamentarias del partido Acción Nacional (PAN), partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Verde y Partido del Trabajo (PT), con una abstención de Morena, un voto en contra de Morena y las ausencias del perredista Emanuelle Sánchez Nájera, Verónica Romo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de que pese a haber registrado asistencia no se encontraban presentes al momento, Leslie Figueroa, Ana Gómez, Juan Luis Jasso y Karola Macías, de Morena.