Por: María Miranda Franco

El próximo 20 de junio se llevará a cabo la edición número 26 de la Marcha del Orgullo LGBT en Aguascalientes, a partir de las 5 de la tarde; iniciando en el cruce de la calle 28 de Agosto y Madero.

Se espera que este año supere los 10 mil asistentes que tuvo la marcha del 2025, teniendo como objetivo visibilizar y exigir los derechos de la comunidad LGBT.

Al concluir la marcha en la exedra, se contará con la presencia de varios artistas locales, “seguimos considerando que ante el sistema opresor, la alegría y festejo son actos de resistencia”, señaló Sofia Ortiz, representante de la Clínica de la Diversidad Sexual (SURA).

El Estado continúa debiendo derechos a la comunidad LGBT, así lo aseguró Héctor Mesa Estrada, presidente del Colegio de Profesionales en Sexología de Aguascalientes, entre ellos, la falta de tipificación de los llamados “Ecosig” (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género), así como protocolos de investigación y actuación ante delitos a integrantes de esta comunidad; también buscan que regrese el lenguaje inclusivo en los centros educativos.

“Salvaguardar el derecho a la salud, trato digno e identidad sexogenérica, que se garantice el acceso al tratamiento psicológico y médico para la transición de género, entendiéndolo como un procedimiento necesario para la salud integral y no como una intervención estética. Homologar los códigos civiles y normativas en lo referente al matrimonio igualitario y derecho a la identidad de género con las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sean una realidad por medio de trámites administrativos simples y accesibles”.

También exigen que el ISSEA realice campañas permanentes de detección, tratamiento y profilaxis pre y post exposición, además de que se erradiquen los discursos de odio y estigmatización contra las personas VIH positivas y se sancione a las autoridades del sistema de salud que así lo hagan.

Finalmente, el activista aseveró que es necesario que el Estado “cumpla con su obligación de garantizar la seguridad para las personas activistas y que las, los y les compañeros que son servidores públicos no sean amenazados con perder sus trabajos por defender sus derechos humanos”.