Por: Juan Sergio Alba

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomará la votación de las acciones de inconstitucionalidad en contra de la reducción de la despenalización del aborto en Aguascalientes, de las 12 a las 6 semanas de gestación.

El proyecto está enlistado para votarse en la sesión del Pleno del jueves 28 de mayo 2026, tomando en cuenta que el asunto se discutiría originalmente el pasado 6 de enero y se optó por aplazar.

Se trata de un proyecto ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo, mismo que contiene dos acciones de inconstitucionalidad, una promovida por el Poder Ejecutivo Federal y otra por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las cuales se señala la invalidez de las reformas al Código Penal que sancionan la interrupción del embarazo a partir de la semana 7 de gestación, además de mencionar en la Ley para la Protección a la Vida para el Estado de Aguascalientes el blindaje del ser humano desde su concepción, cambios legales vigentes desde septiembre de 2024.

Los argumentos de invalidez señalan que la reforma es contraria a los derechos fundamentales de las mujeres, además que el revertir de 12 a 6 semanas la despenalización del aborto implica vulneración al principio de no regresividad en materia de derechos humanos.

También se considera que el legislador de Aguascalientes excedió sus facultades cuando introdujo cláusulas que adoptan una cierta noción de persona y otorga ese estatus al “producto de la concepción”, dentro de la Ley para la Protección a la Vida.

Por lo anterior, se conformó el proyecto que será sometido a consideración de la Sala Superior de la Suprema Corte, determinando procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad, por lo que se pretende invalidar los artículos referentes a sancionar el aborto dentro del Código Penal del Estado, además del concepto “desde la concepción”, en la Ley para la Protección a la Vida del Estado de Aguascalientes.

Dichas declaratorias surtirán sus efectos retroactivos, por lo que se deberán suspender los procesos penales existentes por aborto entre la semana 7 y 12 de gestación.