La legislación, tanto local como federal es muy clara y toda persona con adeudos de pensión alimentaria, así como con sentencias por violencia familiar o de género no podrá participar en alguna candidatura, ante lo cual, en el ámbito local, queda en manos del Consejo general del Instituto Estatal Electoral (IEE) el negar el registro en tales casos, exige Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso del Estado.

“Si se busca amparar o busque una autoridad electoral que le defienda, creo que está el marco jurídico dentro de lo que ya se ha regulado en este Congreso, como para que esta autoridad jurisdiccional pueda determinar que no tiene procedencia su registro, pero es lo que nosotros podríamos esperar, al final nosotros hicimos nuestra labor, estamos esperando que este y otros temas se puedan respetar en este proceso electoral y ya una vez que pase el proceso, como normalmente ocurre, iremos viendo donde flaquea la ley para poder ir cerrando estos espacios”.

Sin embargo, indica que es casi un hecho que las personas que entren en este supuesto recurrirán a recursos legales y a otras instancias a fin de concretar una candidatura, por lo que tribunales deberán hacer valer la legalidad.

“Lo que nosotros hemos hecho es brindar en la ley las situaciones o las normas que puedan darle a esta autoridad jurisdiccional la posibilidad de mantener en firme la sentencia o el dictamen que le quite la candidatura a estos deudores”.