Por Juan Sergio Alba

Buscan diputados mayores castigos en caso de que delitos afecten al personal educativo si se relacionan con el desempeño de su labor. se trata de una propuesta de Maximiliano Ramírez Hernández, quien busca cambios al Código Penal del Estado, con el objetivo de fortalecer la protección del personal docente, directivo y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas en Aguascalientes.

La iniciativa plantea considerar como agravantes penalizadas con mayor rigurosidad los delitos de homicidio, lesiones, privación ilegal de la libertad y daño en las cosas, cuando la víctima sea un integrante de la comunidad escolar y el ataque se dé como represalia por su desempeño.
En el caso del homicidio doloso calificado bajo esta circunstancia, la propuesta establece penas que van de los 30 a los 45 años de prisión, además de sanciones económicas y el pago de la reparación del daño.

El proyecto contempla tipificar sanciones severas contra los daños causados a los bienes propiedad del personal educativo o a aquellos materiales e instalaciones que utilicen legítimamente para el desempeño de sus labores. De acuerdo con el legislador, las agresiones patrimoniales cometidas a manera de coacción o represalia también atentan contra la estabilidad y el adecuado desarrollo del servicio de enseñanza.

En la exposición de motivos, se enfatiza que la medida no pretende otorgar privilegios especiales por razón de profesión, sino garantizar condiciones de seguridad, dignidad y libertad en la función docente.