Por Juan Sergio Alba
El proyecto para consolidar a Villa Juárez como el municipio número 12 de Aguascalientes podría derivar en un litigio constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Habitantes de la región advierten que, de aprobarse la iniciativa en el Congreso del Estado, promoverán un recurso legal para revertir las reformas debido a presuntas anomalías detectadas durante el procedimiento.
Jessica Candelas, residente del municipio de Asientos, aclaró que la inconformidad de la ciudadanía no radica en la división territorial en sí, sino en las supuestas inconsistencias legales con las que el Poder Legislativo ha conducido el dictamen.
“Ya se volvieron clientes frecuentes de la Suprema Corte de Justicia, todas las iniciativas se las están tumbando, eso quiere decir que el Congreso realmente no está trabajando (…) Entonces, elementos hay demasiados. de hecho, podría haber hasta problemas de inhabilitaciones, porque ustedes saben que quien mueva un elemento de un proceso en curso con dolo, que en este caso es para que haya una elección, tiene que responder por lo que hizo”.
Entre los principales señalamientos destaca la falta de apertura por parte de los legisladores para hacer públicos los estudios técnicos que respaldan la viabilidad del nuevo ayuntamiento, así como modificaciones imprevistas en la cartografía presentada a la comunidad.
“No quisieron darnos tanta información porque hemos estado pidiendo transparencia, información no se ha mostrado. Hemos estado pidiendo las corridas financieras, que nos digan en qué sustenta, hasta el momento no hay información. Pedimos los anexos de la iniciativa, no se han dado. No es posible que hoy me llegues con un mapa diferente a lo que se mostró. Si ustedes checan la iniciativa no se ha modificado lo que se ha mostrado. Lo que está en el congreso ahí sigue. Y hoy llegas y me muestras otra cosa”.
De acuerdo con los opositores, la falta de corridas financieras y la discrepancia entre los anexos oficiales y la información mostrada en las mesas de trabajo constituyen elementos suficientes para que el máximo tribunal del país desestime la actuación del Congreso local.
