•La víctima fue amagada y despojada de sus pertenencias.
•La Institución continúa con las investigaciones para esclarecer en su totalidad el hecho y obtener la reparación del daño en favor de la víctima.
La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso de Jorge “N”, señalado por su probable participación en el delito de robo calificado, cometido en agravio de un conductor de plataforma.
De acuerdo con los datos de la investigación, los hechos ocurrieron el 10 de septiembre de 2026, cuando la víctima se encontraba laborando a bordo de un vehículo Nissan March, modelo 2025, en la calle Santa Rosa, del fraccionamiento Villas de Santa Rosa, en la ciudad de Aguascalientes.
En ese lugar, el conductor atendió un servicio solicitado por dos personas, quienes abordaron la unidad. Posteriormente, uno de ellos lo sujetó del cuello con el brazo, mientras lo amenazaban con una navaja para despojarlo de dos teléfonos celulares y una cartera que contenía dinero en efectivo, tarjetas bancarias, identificaciones y monedas.
Tras cometer el presunto ilícito, ambos individuos descendieron del vehículo y huyeron a pie por un predio baldío, hasta llegar a la prolongación Paseo de la Asunción, donde presuntamente los esperaba un taxi que habían solicitado previamente.
De acuerdo con las indagatorias, los señalados abordaron el vehículo de alquiler y se retiraron del lugar. Durante el trayecto, presuntamente revisaron y repartieron los objetos y el dinero que habrían obtenido, para después descender en la calle Andador Crepúsculo, del fraccionamiento Potreros del Oeste.
Luego de que la víctima presentó la denuncia correspondiente, la agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación y, mediante diversas diligencias de campo y gabinete, reunió datos de prueba que permitieron llevar el caso ante la autoridad judicial.
Durante la audiencia inicial, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a Jorge “N” por su probable participación en el delito de robo calificado.
Como medida cautelar, se impuso la prisión preventiva oficiosa, mientras que se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.


