Desde el próximo 1 de marzo y hasta el mes de septiembre, dependencias estatales, así como organismos descentralizados y autónomos serán sujetos a las auditorías correspondientes al ejercicio 2023, revisión de cuentas que tiene como fin el garantizar el correcto gasto de los recursos públicos, y que finalmente serán revisadas por el Congreso del estado, explica Jaime González de León, presidente de la Comisión de Vigilancia del Legislativo.

“Que la cuenta pública la entregan aquí al Congreso a más tardar el 28 de febrero y nosotros la remitimos al Órgano para que a partir el primero de marzo ellos empiecen ya con el trabajo de auditoría, más o menos duran las auditorías de marzo, abril, mayo y luego ellos en junio entregan lo que es el pliego preliminar de observaciones, se entrega a cada uno de los entes auditados y ellos tienen 20 días hábiles para hacer la solventaciones correspondientes, después de eso el 30 de septiembre el Órgano entrega el informe de resultados aquí al Congreso para que a más tardar el 30 de noviembre el Congreso lo suba al Pleno votación”.

El legislador señala que derivado de tales revisiones y ante eventuales irregularidades, tanto el Órgano Superior de Fiscalización, como los órganos internos de control tienen la facultad de promover recursos legales, de manera que cualquier desfalco detectado sea reintegrado y quienes resulten responsables reciban las sanciones correspondientes, ya sean administrativas o penales, dependiendo de la magnitud de la falta.

“Las que el Órgano considera como graves se quedan en el Órgano Superior de Fiscalización y las que no son graves se quedan en los órganos internos de control. Entonces, por ejemplo todo lo que es Gobierno central se queda en la Contraloría del Estado, lo que es de Municipio, se queda en los órganos internos de control de los municipios, al igual que todos los órganos autónomos entonces ahí se hace la clasificación y por cada lado se siguen los procesos”.