Por Juan Sergio Alba

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) emitió diversas recomendaciones dirigidas a siete municipios de la entidad, tras detectar deficiencias de salud y de seguridad en sus centros de detención temporal.

Los ayuntamientos señalados son San Francisco de los Romo, Rincón de Romos, Jesús María, Calvillo, Aguascalientes, El Llano y Cosío. En todos ellos, el organismo defensor constató que se vulnera a las personas detenidas al mantenerlas en condiciones de riesgo.
La falta de agua corriente es una constante en todos los casos. En Jesús María, Aguascalientes y Rincón de Romos, los detenidos deben usar letrinas con deficiencias, limpiándolas de forma precaria con cubetas de agua, además de carecer de lavamanos adecuados. Según Derechos Humanos, en Jesús María, los internos se ven obligados a compartir un solo vaso de plástico para beber agua.

La desatención médica es otro aspecto compartido por la mayoría de los siete municipios. En Calvillo, Cosío, Rincón de Romos y El Llano no se cuenta con personal médico las 24 horas, lo que impide certificar debidamente el estado de salud de las personas al ingresar o salir. Además, los consultorios de San Francisco de los Romo y El Llano carecen de medicamentos del cuadro básico e insumos para primeros auxilios.

En la capital del estado se denuncia la precaria alimentación de los internos, quienes frecuentemente reciben «burritos» en mal estado. La CDHEA calificó esta práctica como una vulneración directa a la salud de los detenidos y exigió a las autoridades municipales garantizar de manera inmediata raciones higiénicas, nutritivas y dignas para el resguardo de su integridad física.

Finalmente, la CDHEA alertó sobre la vulnerabilidad de los menores de edad en Cosío y Calvillo, donde no existen áreas de resguardo exclusivas para adolescentes, manteniéndolos en zonas comunes. Ante esta situación, el organismo ha exigido a las administraciones de los siete municipios implicados la inmediata reparación de los sistemas de agua, la contratación de personal médico permanente, el abasto de insumos de salud y la adecuación de espacios seguros para garantizar los derechos humanos dentro de los separos.