• El imputado presuntamente participó en la venta de un inmueble por el que la víctima entregó 480 mil pesos, pese a que la propiedad pertenecía legalmente a una tercera persona.
• Para concretar la operación habrían utilizado documentos oficiales falsos, con los que hicieron creer al comprador que la vivienda se encontraba libre de gravámenes y podía ser vendida legalmente.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes logró obtener la vinculación a proceso de Edgar Eduardo “N”, por su probable responsabilidad en el delito de fraude, cometido mediante la presunta venta irregular de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Rosedal, ocasionando una importante afectación económica a la víctima.

De acuerdo con los datos recabados durante la investigación, los hechos se remontan a mayo de 2022, cuando el imputado, presuntamente en complicidad con otras dos personas, ofreció a través de la red social Facebook una vivienda ubicada en la calle Rosa Sentyna, en el fraccionamiento Rosedal, por un precio de 650 mil pesos.

La publicación despertó el interés de la víctima, quien estableció contacto con los supuestos vendedores para conocer las condiciones de la operación y concretar la adquisición del inmueble.

Como parte de las negociaciones, en mayo de 2022, la víctima acudió con el inculpado y realizó una primera entrega de 65 mil pesos en efectivo, recibiendo documentación relacionada con una promesa de compra-venta.

Posteriormente, en junio del mismo año, el comprador acudió a reunión, donde entregó 420 mil pesos en efectivo a Edgar Eduardo “N”, quien presuntamente recibió el dinero y lo entregó a otra persona para que lo resguardara.

Durante el procedimiento de compra-venta, el imputado habría presentado diversos documentos con los que pretendía acreditar que la vivienda se encontraba libre de adeudos y gravámenes, entre ellos una supuesta cancelación de hipoteca ante el INFONAVIT, un certificado de libertad de gravamen y un oficio judicial relacionado con el levantamiento de un embargo.

Sin embargo, las investigaciones permitieron establecer que dichos documentos presuntamente eran falsos, al no existir registros que respaldaran su emisión por parte de las autoridades correspondientes.

Confiando en la documentación presentada, la víctima continuó con la operación, cubriendo además 33 mil pesos por concepto de gastos de escrituración, tras lo cual recibió la posesión del inmueble y comenzó a realizar trabajos de mejoramiento en la propiedad, en los que invirtió aproximadamente 28 mil 500 pesos adicionales.

No obstante, en julio de 2022, mientras trabajadores contratados por el comprador realizaban labores en la vivienda, se presentó una persona que les exigió abandonar el inmueble, argumentando que no tenían derecho a permanecer en el lugar.

Ante esta situación, la víctima comenzó a investigar las circunstancias legales de la propiedad, descubriendo que el inmueble se encontraba adjudicado a nombre de una tercera persona y que quienes habían realizado la operación de compraventa no contaban con derechos legales para disponer de él.

Al reclamar lo sucedido, Edgar Eduardo “N” presuntamente le propuso elegir otra vivienda, situación que motivó al afectado a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

A partir de estos hechos, el agente del Ministerio Público inició las diligencias necesarias para esclarecer la operación, analizar la documentación presentada y reunir los datos de prueba que permitieran establecer la probable intervención del imputado en el delito de fraude.
Una vez integrada la carpeta de investigación, la representación social presentó los elementos recabados ante la autoridad judicial, donde, durante la audiencia inicial, la Jueza de Control determinó dictar auto de vinculación a proceso en contra de Edgar Eduardo “N” por su probable responsabilidad en el delito señalado.

Asimismo, la autoridad judicial impuso como medidas cautelares la presentación periódica del imputado mediante firma mensual, así como la obligación de solicitar autorización judicial para salir del país, estableciendo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.