Por: María Miranda Franco

La Colectiva Salvemos La Pona solicitó la ampliación del amparo que presentó a finales de este año, buscando detener la aplicación del nuevo Código Urbano, sin embargo, la respuesta podría tardar más de un año y en ese lapso se podrían realizarse construcciones nuevas.

Los ambientalistas señalaron que no se llevó a cabo una discusión pública antes de que fuera aprobado, además de que disminuye los espacios verdes que deben ser considerados en cada nuevo fraccionamiento.

Otro de los argumentos es que “el Congreso del Estado violó los derechos y mecanismos que lo obligan con la ciudadanía a la transparencia, a la máxima publicidad, al acceso a la información, a la apertura gubernamental, a la participación ciudadana y al deber de realizar foros de consulta, en detrimento de los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua potable y al saneamiento, a la salud, a un desarrollo integral y sustentable y a la ciudad”, señaló Belinda Camarena, integrante de La Colectiva Salvemos La Pona.

Además, Oscar de la Torre, otro integrante de la Colectiva, lamentó que el actual gobierno estatal se encuentre muy cercano con los empresarios inmobiliarios y alejado de las diferentes asociaciones ambientalistas con quienes no ha tenido una sola reunión.

“Si verdaderamente velaran por el bien común, no recurrirían a la trampa y el engaño para promover y aprobar un Código Urbano desmedido en sus pretensiones que parecen pasar por alto las consecuencias funestas de ceder cada vez más a la iniciativa privada, lo que la Constitución obliga al estado y al municipio. Como si pudiera citar un solo ejemplo que justifique la abdicación de estas obligaciones, dejándolas en las voraces manos ávidas de ganancias rápidas a costa más que de hipotecar el futuro, hacerlo gris y desolador”, concluyó Sofia González, integrante de Colectiva Salvemos La Pona.