Se realizó la primera sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, encabezando los trabajos el diputado presidente Max Ramírez.
En este sentido, se aprobó por unanimidad el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Justicia, por la que se reforman los artículos 14, 20, 38, 53 y 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en materia de “3 de 3 Contra la Vi0lencia hacia las Mujeres”, que presentó la diputada Juanis Martínez.
El objeto de la iniciativa consiste en abonar a la lucha a favor de los derechos humanos de las mujeres, así como para lograr implementar nuevas formas en las relaciones institucionales, políticas y sociales que se traduzca en una democracia representativa de manera sustantiva, para que las mejores mujeres y hombres se coloquen en el centro de la responsabilidad pública.
Asimismo, la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 37, 38, 48, 53, 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; se reforma además el artículo 16 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes; se reforman el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; y se reforman artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, presentada por la diputada Laura Ponce.
Esencialmente la modificación establece que para ocupar un cargo de alto nivel, sea requisito obligatorio no ser deudora o deudor alimentario moroso y no haber sido condenado mediante sentencia ejecutoria por delit0 doloso de ac0so, abus0 s3xual, vi0lencia de género y vi0lencia familiar; por d3litos de hechos de c0rrupción o de los previstos como tipos penales protectores de la administración pública, o por sentencia que haya causado por Faltas Administrativas del Estado de Aguascalientes, buscando con ello que quienes nos gobiernen, y quienes dirijan la Administración Pública e impartan justicia, sean personas integras, responsables y dignos de ocupar un alto cargo, garantizando con ello el bienestar social.